Como no podía ser distinto, el Foro de São Paulo, Grupo de Puebla y la Internacional Progresista han salido a defender a uno de sus miembros del crimen organizado: Cristina Fernández de Kirchner. La fiscalía Argentina ha pedido 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua.
La expresidente es la protagonista de un saqueo multimillonario histórico a las arcas públicas en perjuicio del pueblo argentino.
En Argentina -como en España- ya se está hablando de un indulto presidencial a corruptos.
Cuando los miembros de estas organizaciones son acusados -ya sea Rafael Correa, Evo Morales, Lula da Silva o la propia Cristina Kirchner- inmediatamente corren a decir que son inocentes y que son víctimas de «lawfare», aun cuando las pruebas que los incriminan sean públicas y contundentes.
Estas organizaciones se comportan como cárteles: protegen al criminal, se solidarizan con él, tratan de encubrir el delito, buscan legitimar el acto y aprovechan el momento para perseguir sin piedad a sus oponentes.
En cambio, guardan un silencio cómplice cuando los regímenes de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela persiguen y encarcelan a sus adversarios.
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La injerencia en los asuntos internos de Argentina y el burdo intento de presionar a la justicia, con el fin de defender a Kirchner sin importar las pruebas que la incriminan, demuestran el compromiso de estos delincuentes de protegerse entre sí.
Siempre en perjuicio del pueblo.
