Declaración de Washington
Con motivo de la jornada realizada en Washington, el viernes 9 de septiembre, sobre terrorismo y libertad “La legitimación del terrorismo desde las instituciones: la nueva amenaza para la democracia en Iberoamérica y Europa” con el objeto de visibilizar a las víctimas del terrorismo en nuestra región, y a pocos días de que se cumplan 22 años de los sanguinarios atentados del 11 de septiembre en New York, emitimos esta declaración con el objeto de alertar del peligro que implica la legitimación e incorporación de grupos terroristas a las instituciones.
Primero, denunciamos que, en la Iberosfera, buena parte de los gobiernos, las organizaciones multilaterales, y las entidades de derechos humanos han asumido un concepto radicalmente sesgado de las “víctimas”. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son tratados como victimarios, mientras que las organizaciones terroristas y otras fuerzas criminales son consideradas como blanco de supuestas injusticias. Y se olvida a las auténticas víctimas, que fueron asesinadas o secuestradas por su defensa de la democracia, la libertad y la patria en sus respectivos países.
Segundo, alertamos sobre la convergencia entre los intereses del narcotráfico y el terrorismo, así como ciertas organizaciones denominadas progresistas, que unen fuerzas con el objetivo de alcanzar el poder. Dichas organizaciones buscan legitimar sus acciones delictivas y tomar el control de los poderes públicos en aras de una supuesta justicia social; para, una vez en el poder, pervertir las instituciones en beneficio del crimen organizado, del abuso sistemático y de la impunidad de aparatos represivos criminales.
Tercero, condenamos que, cuando se trata de regímenes castro-comunistas como los de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, los derechos humanos de las víctimas no cuenten para los gobiernos socialistas, y que estos guardan un silencio cómplice ante los delitos de lesa humanidad que cometen Miguel Díaz-Canel, Luis Arce, Daniel Ortega y Nicolás Maduro. Se trata de un comportamiento cínico e hipócrita, que debe ser repudiado por la comunidad internacional.
Cuarto, expresamos nuestro más absoluto rechazo al modelo de “Justicia Transicional” que, en nombre de una falsa paz, ofrece a los terroristas todo tipo de concesiones, incluyendo cargos de gobierno, sin que hayan pagado cárcel por sus crímenes ni resarcido a sus víctimas; mientras que los militares y policías que combatieron a estos delincuentes son perseguidos y encarcelados. Este esquema ha permitido que golpistas y terroristas alcancen la primera magistratura de sus respectivas naciones, y que desde el poder destruyan la democracia liberal e impongan regímenes dictatoriales.
Quinto, nos comprometemos a continuar la labor de desenmascarar y combatir a todas aquellas organizaciones que buscan acabar con la democracia y establecer regímenes tiránicos y criminales en la Iberosfera. Muchas de ellas se autodenominan “progresistas” pero en realidad solo defienden los intereses propios del narcotráfico, del crimen organizado y el poder totalitario comunista, a la vez que promueven el marxismo cultural.
Y sexto, llamamos desde esta ciudad cuna de la Constitución Americana a todas las fuerzas e individuos que defienden la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, a unirnos en esta magna empresa y articularnos, con el fin de enfrentar mancomunadamente al Foro de São Paulo, al Grupo de Puebla y a la Internacional Progresista, organizaciones que han logrado tomar el poder en muchos países de la Iberosfera e infiltrarse incluso en países e instituciones europeas y en los propios Estados Unidos.
En Washington, a 9 de septiembre de 2022
