PRONUNCIAMIENTO
EL GOBIERNO DE GABRIEL BORIC DEBE RESPONDER ANTE LA INFILTRACIÓN DEL RÉGIMEN DE MADURO
El secuestro del teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno en territorio chileno por parte de comandos chavistas es un hecho de extrema gravedad, por lo que es preciso que se aclare cuanto antes si el gobierno de Chile ha jugado un papel activo en la facilitación del delito.
Si Gabriel Boric ha brindado apoyo logístico al régimen chavista, el gobierno chileno deberá ser sometido a un juicio político por ser cómplice de los delitos de lesa humanidad que comete Nicolás Maduro.
El ‘convenio policial’ suscrito en el mes de enero entre Chile y Venezuela no sirve de justificación para el secuestro del teniente Ojeda Moreno. Se trata de un acuerdo de carácter puramente ideológico, que no cuenta con ningún tipo de base técnica y que no ampara en ningún caso y en ninguna circunstancia el secuestro de un perseguido político por el régimen chavista. Son hechos muy graves, que no tienen precedentes y que exigen una condena y un castigo.
Gabriel Boric es el principal responsable y el encargado de dar explicaciones sobre el paradero, la integridad física y la vida del teniente. Hasta el momento, el presidente de Chile -incluso ante la evidente y absoluta falta de rigurosidad y control de su gobierno- permanece en silencio y alega que no hay información suficiente para valorar los hechos.
Es incompatible condenar las violaciones de derechos humanos en otros países, permitir el secuestro de perseguidos políticos en suelo chileno y dejar desprotegida a la población en general ante los comandos del régimen de Maduro. Las fuerzas democráticas de Chile deben darle a este secuestro la máxima prioridad y exigir al presidente Boric que comparezca lo antes posible, aclare su papel y asuma responsabilidades.
En Madrid, a 28 de febrero de 2024
